Ricardo Caruso Lombardi quedó nuevamente envuelto en un escándalo por su vínculo comprobado con Leonardo Cositorto y la estafa piramidal de Generación Zoe, donde también fueron víctimas clubes del fútbol argentino.
A través de una auditoría, la actual dirigencia, encabezada por María Sol Méndez, se encontró con que el ex DT, que en ese momento ocupaba el rol de manager, a través de la firma de un tercero llamado Uriel Videta y Zoe Capital de Leonardo Cositorto, se quedó con la concesión para el uso y explotación de 2 canchas de césped sintético hasta 2036.
Lo anterior fue bajo un contrato leonino autorizado por la anterior dirigencia, encabezada por Diego Elías, sin pasar por Comisión Directiva ni Asamblea y en el cual la institución nunca cobró dinero alguno.
El convenio estipulaba que a Deportivo Español, Caruso y compañía le pagaban solamente $1.000.000 al año por una hora por día. Además, Deportivo Español no tiene prácticamente disponibilidad para el uso de las canchas para sus divisiones inferiores o cuestiones relacionadas con el club, ya que solo podía utilizarlas una vez a la semana.
Ante esta situación ilegítima, se decidió dar de baja dicho acuerdo y, tras esto, el propio Caruso Lombardi intercedió llamando a los directivos para que cambiaran de opinión y amenazándolos con “matarlos” en TN Deportivo y en el canal de stream Aura, según le confiaron a Doble Amarilla fuentes institucionales.
Durante este tiempo, Caruso y sus socios subconcesionaron el lugar para construir un buffet y seguir sacando tajada de lo obtenido de manera ilegal. No conforme, todo sucedió sin permiso de obra e incumpliendo toda norma exigida por el Gobierno de la Ciudad y por la legislación nacional. Dicho buffet nunca contó con la habilitación pertinente y, pese a varias clausuras por parte de la Agencia Gubernamental de Control, pretendió funcionar ilegalmente hasta su clausura y cierre definitivo.
Ante esta situación, la nueva dirigencia inició un proceso judicial junto a sus abogados para llevar a la justicia a Caruso Lombardi.
Entre las imputaciones se encuentran las de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita, ya que el contrato fue firmado en momentos en los que el club no tenía autorización de uso de sus tierras por parte de la Ciudad de Buenos Aires, algo que recién ocurrió en diciembre de 2025.
Este detalle agravaría el hecho a un delito penal (art. 181 del Código Penal) e, incluso, a la figura de estafa y “asociación ilícita”: si una persona o red «alquila», «vende» o cobra «cánones» falsos a terceros simulando tener derechos sobre ese espacio público para explotarlo comercialmente.
Además, de comprobarse, las amenazas y aprietes sufridos por María Sol Méndez y varios miembros de la Comisión Directiva de parte de Caruso Lombardi configurarían un delito de extorsión.
Fuente: Doble Amarilla
